El título corresponde a una información colgada en el Cuarto Poder, firmada por Félix Monteira. A continuación, la copiamos íntegra.
El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) presentó el martes en Madrid el proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía. Anteriormente, el proyecto ha viajado a Barcelona, Sevilla y Santiago de Compostela y continuará por el resto de España, dando a conocer una regulación normativa que pretende conseguir que la información que llega a los ciudadanos no esté adulterada, incompleta o sea falsa.
En la presentación, realizada por Eliseo Sánchez Caro, profesor de Empresa Informativa de la Facultad de Periodismo de la UCM y representantes de las distintas organizaciones que conforman el FOP, se hizo mucho hincapié en la pretensión de que el proyecto sirva para avanzar en el camino de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos.
Igualmente, se busca el desarrollo del artículo 20 de la Constitución Española para que sean efectivos la libertad de expresión e información, el secreto profesional o el acceso a las fuentes informativas, así como para evitar que las empresas publiquen aquello que les interesa a ellas como negocio o a sus anunciantes, o que los partidos políticos manipulen la información.
El proyecto contempla, además, la creación de comités profesionales de redacción y de un Consejo Corregulador del Periodismo, que se regirá por los principios del Código Deontológico de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y que contará con representantes de organizaciones profesionales y sindicales de periodistas, de empresas informativas, del Consejo de Decanos de Facultades de Periodistas y de miembros de organizaciones de usuarios y ONGs. Este consejo contará con una Comisión Deontológica, que podría imponer sanciones por la mala praxis de los periodistas o las empresas informativas.
Según los redactores del proyecto, los grupos parlamentarios conocen el proyecto y no han puesto reparos a su entrada en el Congreso. Esperan que cuente con el mayor consenso posible en la tramitación parlamentaria. También ha sido presentado al secretario de Estado de Comunicación, Félix Monteira.
Una precisión se me ocurre hacer a esta propuesta: "conseguir que la información que llega a los ciudadanos no esté adulterada, incompleta o sea falsa". Me parece un propósito loable, pero difícil de asegurar, como no sea por medio de imposiciones incómodas. Al fin y al cabo libertad de expresión significa que cada cual pueda expresarse, con independencia del contenido verídico o falso de sus afirmaciones. Me parecería más sensato insistir en la conveniencia de asegurar que los ciudadanos tengan acceso garantizado a todas las fuentes de información ( o desinformación) existentes. Aunque para eso, no hace falta ninguna ley especial, el derecho la libre información lo garantiza la Constitución.
F.B.
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